FGR recibe denuncia contra Guadalupe Taddei por contratos bajo sospecha en el INE
La exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, enfrenta una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) el 27 de octubre, por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo electoral que podrían representar un daño patrimonial estimado en mil 600 millones de pesos. A la par, el Consejo General del INE analiza la posibilidad de dar vista a las autoridades competentes para investigar eventuales responsabilidades derivadas de su gestión.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, encabezó la presentación de una denuncia de hechos en la que el partido señala seis posibles delitos federales: uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. La acusación también contempla posibles responsabilidades de funcionarios electorales, particulares y empresas beneficiadas con contratos presuntamente irregulares.
De acuerdo con el dirigente panista, los señalamientos incluyen adjudicaciones directas a empresas que, según sus declaraciones, habrían recibido contratos por más de mil 600 millones de pesos. También mencionó operaciones por más de 60 millones de pesos en las que presuntamente no se entregaron los materiales contratados. Estas cantidades corresponden a estimaciones y acusaciones del partido, por lo que deberán ser verificadas por las autoridades investigadoras.
Durante la presentación, el PAN solicitó a la FGR investigar los contratos, nombramientos y posibles conflictos de interés relacionados con la administración anterior del INE. Asimismo, pidió que se integren los elementos que pudieran existir en distintas instancias, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Órgano Interno de Control del instituto, para determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades.
En paralelo, la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó que el Consejo General analiza jurídicamente qué acciones puede emprender frente a las presuntas irregularidades detectadas durante la gestión de Taddei. La funcionaria señaló que las consejerías revisan si corresponde dar vista a otras autoridades fiscalizadoras o iniciar procedimientos dentro del ámbito de sus atribuciones.
La revisión institucional ocurre en medio de una reconfiguración administrativa dentro del organismo electoral. Al 29 de octubre, el INE reportó 15 renuncias de funcionarios vinculados con la anterior administración: 12 correspondientes a personal de confianza adscrito a la Oficina de la Presidencia y tres registradas previamente, entre ellas dos titulares de áreas del instituto.
Cruz García explicó que cada separación será revisada administrativamente y se dará vista al Órgano Interno de Control para conocer si existen procedimientos abiertos contra las personas que dejaron sus cargos. El objetivo es determinar si hay investigaciones relacionadas con posibles irregularidades y establecer las consecuencias administrativas correspondientes, incluidos los trámites de liquidación.
La nueva conducción del INE también anunció una revisión de las estructuras administrativas y de los perfiles de funcionarios que permanecen en el organismo. La presidenta provisional sostuvo que las decisiones se tomarán de manera colegiada y con apego a la legalidad, en un intento por fortalecer los mecanismos internos de supervisión y recuperar la confianza institucional.
Por su parte, Guadalupe Taddei rechazó previamente los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y anomalías en las contrataciones. En entrevistas difundidas por el propio INE los días 22 y 23 de octubre, sostuvo que los procedimientos de adquisición cuentan con mecanismos de control y supervisión, y aseguró que solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los procesos administrativos del instituto.
En cuanto al ámbito estatal, la Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que no tiene una denuncia formal ni una carpeta de investigación abierta contra Taddei. El fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, explicó que, por tratarse de señalamientos relacionados con su desempeño al frente de un organismo nacional, corresponde a las autoridades federales informar sobre posibles investigaciones.
El caso coloca bajo escrutinio los mecanismos de contratación, fiscalización y control interno del INE, particularmente en una etapa de transición de su dirección. Sin embargo, es necesario distinguir entre las denuncias presentadas, los señalamientos políticos y las responsabilidades que puedan acreditarse mediante procedimientos legales.
Hasta el momento, la denuncia del PAN constituye una acusación que deberá ser investigada por la FGR, mientras que el posible procedimiento promovido por el INE continúa en evaluación jurídica. No existe, por estos hechos, una condena penal contra Guadalupe Taddei. La determinación de responsabilidades dependerá de las investigaciones, las pruebas y las resoluciones de las autoridades competentes.